LA DIGITALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONLLEVA DERECHOS

Hace bien poco, me llegó un cliente al despacho con un proyecto que consistía en montar una plataforma digital para poder escuchar en streaming música folclórica regional, concretamente Coplas. Me resumió los pasos que había dado hasta ese momento, me expresó que contaba con el beneplácito de gran parte de los autores de coplas, y me confirmó que obviamente había pasado por la taquilla de la Sociedad General de Autores y había  pagado por el repertorio de los autores que iba a incluir en su plataforma.

La alerta saltó cuando me explicó cómo estaba recopilando el catálogo de canciones para su web. A parte de su propia labor de búsqueda, había recurrido a amigos, familiares y hasta a los propios autores, quienes le habían proporcionado copias en diversos formatos (CD, Vinilos y hasta Casettes)  que él digitalizaba por su cuenta, través de su ordenador personal, para después ponerlos a disposición de los usuarios de su plataforma.

Inmediatamente le puse sobre aviso, “lo primero que tienes que hacer es pedir autorización a los  productores fonográficos”. ¿A quién?  ¿Por qué? , fueron sus  preguntas inmediatas.

Para situarnos en el contexto de la gran industria musical, estamos hablando de “la discográfica”. Al igual que ocurre en la realización de una película, donde el productor es el que corre con los gastos de la misma y por lo tanto es el dueño  de   ”la cinta”, el productor fonográfico es la persona que corre con los gastos de grabación del  “máster” y por lo tanto su dueño .

Uno de los derechos del  productor fonográfico, es el derecho de reproducción, recogido en el Artículo 115 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; que dice que “este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales”.

En el caso de mi cliente, las obras musicales se almacenarían en un equipo informático o servidor mediante la subida o uploading del archivo, por lo que lo que se está produciendo es la fijación del contenido de la obra musical en un soporte nuevo. La digitalización de la obra implica que se ha producido un cambio de formato y no una transformación o modificación del contenido de la obra, por lo que estamos ante una reproducción. Lo que generalmente consideramos como copia o almacenamiento en equipos informáticos, constituye en efecto un acto de reproducción de la obra protegida por los derechos de la propiedad intelectual.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el acto de digitalizar cualquier tipo de obra (CD, vídeo, fotografía, etc.) es considerado como una reproducción, mi cliente tenía que pagar a los productores fonográficos, los costes correspondientes a los derechos de reproducción de las obras que deseaba tener en su plataforma y que eran titularidad de dichos productores.

En este contexto, le expliqué a mi cliente que, aparte del derecho de reproducción, debía tener en cuenta “el derecho de comunicación pública” que entra en juego con la acción del streaming,  ya que esta acción permite a una pluralidad de sujetos el acceso a la obra  protegida sin entregar el contenido.

Por norma en el momento en el que el cliente de la plataforma acceda a la misma, recibirá una copia de la obra elegida que quedará almacenada momentáneamente en la Memoria RAM de su ordenador, desapareciendo  una vez que se produzca la desconexión de la plataforma (acto de reproducción). En definitiva,  la suma de estos dos actos, reproducción y comunicación pública, forman el concepto de transferencia digital, es decir, la transferencia que se produce entre el servidor donde se encuentra la obra musical, y el dispositivo del usuario que esta accediendo a este servidor.

Conclusión: una plataforma digital como la de mi cliente, debe solicitar autorización al titular de los derechos de reproducción y comunicación pública de los fonogramas que pretende reproducir, sobre todo teniendo en cuenta que los derechos del productor fonográfico tienen una duración general, con sus excepciones, de unos 50 años desde la grabación. Todo esto, sin perjuicio de los derechos correspondientes a los autores y a los intérpretes.

NOTA: Me llamó especialmente la atención que desde la Sociedad General de Autores,  nunca le mencionaran a mi cliente la existencia de AGEDI, entidad de gestión colectiva donde se encuentran la gran mayoría de los productores fonográficos de este país.

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